jueves, 21 de marzo de 2013

Entre Rodrigazos, inflación y acuerdos de precios



El año 2013 arrancó muy cargado en materia económica. Los principales gurúes del neoliberalismo volvieron al ataque, esta vez utilizando una serie de recursos apelativos de un pasado lejano. Bajo su argumento, vivimos en una Argentina de un gobierno demagógico y populista que no controla la inflación, lo que genera una apreciación cambiaria con lo que, tarde o temprano, va a ser necesaria una devaluación de la moneda para recuperar la competitividad perdida.
A partir de este recorte parcial de la realidad, el “partido devaluador” encabezado por el ex ministro de economía, Roberto Lavagna entre otros buscan instalar la idea de la inevitabilidad de una devaluación de la moneda para incentivar para las exportaciones y desincentivar las importaciones, medida que si no se toma en el corto plazo estaríamos frente a un posible Rodrigazo[1]. Esta idea se basa en otro supuesto, que existe un “grave” problema de la inflación que el gobierno no quiere reconocer y no combate activamente [i].
El tema de la inflación
             La cuestión de la inflación es un tema muy recurrente en el debate de la sociedad Argentina y no es para menos. Nuestro país vivió grandes problemas inflacionarios graves con índices de tres dígitos anuales y una hiperinflación para finales de los ’80 que tuvo efectos nocivos de la economía, lo que también de generó un comportamiento conservador y sensible en la sociedad[2].
En lo que respecta al debate de la inflación en Argentina, en relación al 2012 hubo un acuerdo tácito y generalizado de que el índice se hubo alrededor del 25%. Ingenuos seriamos si pensáramos que el debate de cuanto es la inflación es meramente un dato económico y no envuelto en una disputa política por un modelo económico. Para estos economistas, el problema de la inflación existe por una política económica que, por un lado incentiva a la demanda a partir de un gasto publico “desmesurado” y a partir de una política monetaria de expansiva que genera un desequilibrio en el balance de pagos. Para ellos se soluciona sencillamente: hay que acabar con las políticas redistributivas (aumentos en las jubilaciones, AUH, obra pública, subsidios a las tarifas, etc), buscar un acuerdo con el FMI para obtener divisas (por más que nos cobren tasas de intereses usureras), abrimos las barreras arancelarias para que entren productos extranjeras (y así destruir la industria local aumentando la desocupación) e incrementamos la tasa de interés para que venga el capital extranjero así poder obtener divisas (generando especulación financiera).
Pese a que digan lo contrario, el gobierno de Cristina y su equipo económico reconocen la existencia de la inflación como un problema pero tienen un diagnóstico y una política diferente hacia ello. Partimos de considerar que el problema inflacionario no puede analizarse aislado de otras variables como la desocupación, el crecimiento del PBI, la distribución del ingreso, etc. En el Informe de Programación Económica 2013 del BCRA la institución reconoce una serie de determinantes de la inflación en la Argentina mencionando claramente que “(…) la presencia de desequilibrios en la estructura productiva, los ‘cuellos de botella’ en determinados sectores, la puja distributiva, la formación oligopólica de precios y los shocks exógenos de los precios internacionales para cuya superación definitiva no existe otro camino que el desarrollo productivo con inclusión social” [3].  El problema de la inflación entonces refiere a determinantes estructurales. El gobierno tomó nota de esto y actúa en consecuencia. Los desequilibrios en la estructura productiva y la restricción externa son fenómenos remediables en el largo plazo a partir de una política activa de industrialización, fomentando la inversión y promoviendo líneas de crédito accesibles a la pequeña y mediana empresa[4]. Por el lado del impacto de los precios internacionales, no está de más recordar la repercusión que tuvo el conflicto por la 125 que enfrentó al gobierno con las patronales agrarias. Durante el 2012 y frente a la dificultad de utilizar el instrumento de retenciones se fue por el lado del aumento del impuesto inmobiliario impulsado por varias provincias[5].

La propuesta neoliberal: la devaluación
La estrategia de los economistas neoliberales y de los partidos de la derecha neoliberal de nuestro país defienden es la del poder económico, el capital financiero y  los sectores agroexportadores.
Bajo el planteo del exceso de demanda, del desequilibrio fiscal aseguran que se ha perdido competitividad en el sector industrial y que es necesario un ajuste en el tipo de cambio real que deprecie el peso en relación a la divisa internacional, el dólar. Según ellos, esto generara que bajen las importaciones y aumenten las exportaciones recuperando el equilibrio en la balanza comercial, no siendo necesario recurrir a parches proteccionistas como controlar las importaciones o el “cepo al dólar”.
El planteo de política económica que se presenta como objetivo y desprovisto de cualquier connotación política ajena a la ciencia económica. Sin embargo, no podemos no aprender de lo que la historia económica nos ha dejado de enseñanzas de nuestro pasado reciente y no tan reciente también. Durante mediados del siglo XX la Argentina experimento una serie de crisis cíclicas o de “stop and go” (marcha y contramarcha); frente a un ciclo económico expansivo, de crecimiento, de mejora de la distribución de la riqueza y de aumento del consumo se llegaba a un freno por la incapacidad de la economía de obtener las divisas necesarias para pagar las importaciones necesarias para seguir produciendo, por lo que se imponía un ajuste devaluatorio que retrotraía la situación generando una distribución negativa de los ingresos hacia los sectores más concentrados y exportadores iniciando un nuevo ciclo. Las características estructurales nuestro país genera que frente a cada devaluación, los sectores populares pierdan poder adquisitivo generando una transferencia de ingresos hacia las clases dominantes, fundamentalmente los sectores con capacidad exportadora es decir, el agro.
Ahora si la idea de la devaluación adquiere un tinte netamente político. Los paladines de la devaluación pretenden generar un proceso de redistribución de la riqueza hacia los sectores de agroexportadores, los cuales no tienen ningún problema de competitividad externa dado que la productividad del sector es muy alta. Por otro lado, otro de los que se beneficiarían son los capitales concentrados oligopólicos como el grupo Technit quien pretende un ajuste mediante salarios ya que los considera excesivamente altos[6].
Asimismo, una política devaluatoria impactaría negativamente en el mercado interno teniendo un efecto recesivo en el conjunto de la actividad económica. Los trabajadores perderían poder adquisitivo de su salario por lo que redujeran su consumo, las industrias dedicadas a la producción interna podrían quebrar y dejar a muchos trabajadores en la calle porque no tendrían mercado para ubicar sus productos, así como deberían reducir su producción frente al encarecimiento de los bienes intermedios y de capital importados[7].
Una estrategia Nacional y Popular
            Desde el lado del gobierno de Cristina se comenzó dar un nuevo avance en materia de política económica luego de un 2012 con muchos determinantes externos (altos vencimientos de deuda, restricción externa, crisis internacional) que condicionaron fuertemente el desarrollo de una política de crecimiento con inclusión social.
Por un lado, el atenuamiento de la crisis internacional, la recuperación económica de Brasil, los bajos vencimientos de deuda previstos para este año, el crecimiento de los precios de los commodities actúan como factores alentadores para retomar la senda del crecimiento.
En la economía doméstica tenemos una serie de elementos que aportan a pensar un 2013 positivo. YPF ya está dando síntomas reales de recuperación achicando los niveles de importación de combustibles que tanto impactaron en la balanza comercial, el plan PROCREAR comenzará a ser un factor dinámico generando empleo y consumo.
Con respecto al problema inflacionario anteriormente mencionados por el BCRA, el gobierno actuó en contra con los formadores de precios generando un acuerdo de precios con los supermercadistas, el cual si logra mantenerse en el tiempo logrará bajar la inflación en el rubro más sensible para los sectores populares que es el alimenticio, que es donde gastan la mayoría de sus ingresos. Los economistas neoliberales insisten en que esta política siempre fracasó y que generará desabastecimiento ya que la oferta no se verá incentivada a ampliarse, con lo que es necesario generar confianza para mejorar inversión. Lo que estos omiten es que la inflación en este sector es generada por la especulación de los intermediarios de la cadena de comercialización que le terminan imponiendo un precio excesivamente alto al consumidor final generando una rentabilidad extraordinaria.
Capítulo aparte merece la puja por la distribución de la riqueza. El aumento del mínimo no imponible actúa como instrumento redistributivo a las fracciones mejor remuneradas, lo que les permitirá valorizar mejor sus acuerdos generando un efecto redistributivo. Por otro lado, el aumento de las jubilaciones (siempre por encima de la inflación), el mantenimiento de una política activa en materia de subsidios actúan como factores redistributivos (que se cada vez se orienta más a los sectores populares logrando mayor equitatividad), los cuales se mantendrán activos durante 2013.
El kirchnerismo nuevamente nos demuestra una orientación política clara en materia económica. Hacia como en los últimos 9, casi 10 años la economía se orienta hacia los intereses populares creando empleo y distribuyendo de la riqueza contra el poder económico y concentrado; así como también hacia los intereses nacionales recuperando y defendiendo la soberanía, frente a las embestidas de los fondos buitres y del FMI.  Este año la apuesta no será menor, la conducción política de Cristina es la garantía necesaria e imprescindible para profundizar este modelo de desarrollo con inclusión social.


[1] El Rodrigazo fue una serie de medidas de ajuste tomadas por el ministro de economía de Isabel Perón Celestino Rodrigo que implicaron una devaluación del 160% de la moneda generando un ajuste en el salario real lo que produjo un shock recesivo en la economía.
[4] Ejemplo de esta política son los créditos bicentenario. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-199398-2012-07-24.html

[i] Enumero solo algunas de las notas catastrofistas de los principales diarios del establishment económico.
15/2/2012

Todo 8 tiene su 9


Por Sebastián Serra*



El 9 de diciembre fue la fecha en la que nuevamente el pueblo colmó la histórica Plaza de Mayo en lo que fue llamada la “Fiesta Patria Popular” que combino a artistas populares y el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  Hacía varios meses que desde el kirchnerismo no se movilizaba masivamente y que Cristina no hablaba ante la multitud.

De dónde venimos

Cuesta hacer un análisis del hecho político que significó el 9 de diciembre sin recapitular lo que paso en el año. El inicio del segundo mandato de Cristina significó, nuevamente, un año cargado de conflictividades con sectores medios y altos opositores, corporaciones mediáticas, sindicales y grupos económicos concentrados.  En el contexto de una crisis internacional se sintió en la región, a lo que se le agregó el freno de la economía brasileña, nuestro país sintió un fuerte impacto que detuvo el ciclo de crecimiento a tasas chinas.
En ese marco, este año estuvo signado por la denominada “sintonía fina”, es decir una estrategia político-económica que pretende profundizar las reformas progresivas al modelo económico y dotarlo de mayor fortaleza para encarar los nuevos desafíos que se le presentan. Esto estuvo signado por generar instrumentos reguladores para intervenir en el mercado, fortaleciendo la estrategia sustitutiva de importaciones.
La centralidad de estas políticas estuvo marcada por la histórica recuperación de YPF y la posterior regulación del mercado de combustibles convirtiendo a la actividad petrolera en un recurso estratégico.
Por otro lado, la política de control a la compra de divisas fue la medida que mas reacción generó. Esta política adquiere una trascendentalidad importantísima en cualquier estrategia industrializadora, dado que los dólares atesorados son necesarios para adquirir bienes intermedios y de capital imprescindibles para el proceso productivo. Esta estrategia fue en parte respuesta al intento del poder económico concentrado de utilizar como  estrategia desestabilizadora a las corridas cambiarias y la fuga de divisas como mecanismos de presión política para imponer políticas económicas favorables del gran empresariado.  La necesidad de “cuidar” los dólares y destinarlos al fortalecimiento de las actividades productivas constituyó una política de Estado y un eje fuerte de la gestión económica actual para defender a la industria nacional.
A su vez, el conflicto sindical no fue un hecho menor en el corriente año. En el marco de la división del movimiento obrero organizado en 5 centrales sindicales  el sector de la CGT encabezado por Hugo Moyano, un histórico alineado al kirchnerismo, decidió alejarse del esquema de poder del actual gobierno. El eje de su reclamo estuvo basado en la actualización del mínimo no imponible, un reclamo legitimo pero particular de una fracción de la clase trabajadora, lo que denotó el carácter corporativo y limitado; a lo que se le sumo su disminución en la capacidad de movilización debilitándolo como actor político. Para ello desarrollo una estrategia política de confrontación territorial en las calles, de acercamiento político ala CTA de Micheli y a sectores de la derecha política con quienes ya vislumbra posibles acuerdos electorales de cara a los próximos años. Esta nueva configuración política en el plano político-sindical tuvo su expresión con el “paro general” el 20 de noviembre en conjunto con la CTA de Michelli.

Otro rasgo fundamental de este año fue el incremento de el conflicto entre el Grupo Clarín con el Gobierno Nacional por la aplicación de la Ley de Medios. La estrategia de la corporación dirigida por Magnetto se constituyó en diferentes planos. Por un lado, apostó a trabar la aplicación de la ley por la vía judicial, la cual se manifestó en las vísperas del famoso 7D, mediante la obtención del favor de jueces favorables a este poder concentrado de los medios. Por otro, apostó fuertemente al desgaste de la figura presidencial mediante un constante ataque, aprovechando el ciclo desfavorable que tuvo la economía este año. Esta estrategia contó con un alfil que logró notable popularidad mediática: Jorge Lanata. Este partía de un reconocimiento social previo por su periodismo ligado a la denuncia de la corrupción y siempre ubicado de manera crítica en el progresismo. Su giro político estuvo marcado por la construcción de una figura mediática que, ante una oposición política débil e incapaz, construyó la agenda política opositora. Esto lo realizó mediante denuncias de corrupción sin pruebas o de dudosa factibilidad, cuestionamientos sin fuentes de procedencia, utilizando el show mediático generando impresionismo en los sectores medios y altos sobre lo que “genera modelo”, en sectores postergados con los que el Estado todavía tiene importante deudas.

El 8N

El famoso 8N fue la condensación de un proceso que venía expresándose anteriormente en los cacerolazos y que, según sus voceros, tenía como fin el que el gobierno nacional escuche sus reclamos. Sin embargo, no puede analizarse este fenómeno desde una lógica meramente política sino fundamentalmente en términos sociales. Ese día se expresaron las clases medias y altas urbanas con un tal grado de heterogeneidad en sus consignas políticas que las hacían imposible de sistematizar en un programa político claro. Y es que, justamente, estos sectores se expresaron en una gran catarsis colectiva antikirchnerista puesto que están sumergidos en una crisis de representación política. Fue más bien la manifestación de un reclamo hacia los políticos opositores a que construyan una alternativa política que los encauce que un reclamo profundo por un giro en las políticas gubernamentales.
Sin embargo, bajo la falsa idea de consenso, la intencionalidad de los dirigentes políticos que intentaron ser los direccionadores de este proceso estaba más que clara.  Estos quisieron capitalizar las movilizaciones para fortalecer su objetivo político de reinstalar en el país un programa económico ligado al retorno de las políticas de ajuste y liberalización económica, que benefician al capital especulativo y le crean a la clase media la falsa idea de bienestar a partir de la posibilidad de compra de dólares y el consumo de bienes suntuarios.  Si bien no se puede relativizar estas movilizaciones que, fogoneadas por Clarín y sectores de la derecha, fueron la expresión de un sujeto social que en su inmensa mayoría no votó a Cristina en 2011. Esta es la base social de la que se sustenta el apoyo a Mauricio Macri en capital, que votó a Hermes Binner en la última elección y que hoy por hoy no observa una fuerza política que pueda contrapesar mínimamente las políticas “populistas”, “chavistas” y “estatizantes” del kirchnerismo.

Después del 8 viene el 9

El devenir del conflicto con el Grupo Clarín determinó el famoso 7D como fecha límite para la presentación de los planes de desinversión para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual. Las vísperas de esa fecha clave estuvieron signadas por un traspié judicial para el kirchnerismo, obteniendo la extensión de la medida cautelar.
Esta situación implicó un nuevo retraso en la aplicación dela LSCApero a la vez sigue expresando una lucha política por la desmonopolización y la democratización de la comunicación en donde el multimedio se encuentra a la defensiva.
EL 9 de diciembre fue elegido entonces el día para que los diferentes sectores alineados al kirchnerismo se movilizaran a Plaza de Mayo para respaldar las políticas oficiales. La famosa Fiesta Patria Popular que buscaba celebrar el Dia dela Democraciasirvió como excusa para que amplios sectores organizados y no organizados se movilizaran con la perspectiva de defender y profundizar el proyecto encabezado por Cristina.
La movilización contó con una heterogeneidad política y social que es propia del kirchnerismo. Un núcleo fuerte de las organizaciones peronistas y del campo nacional y popular que componen el espacio Unidos y Organizados con La Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina con sus columnas más numerosas, a las que se sumaban la de los sindicatos y pequeños colectivos militantes, que se entremezclaban con el público no organizado que asistió. En términos sociales, el componente de la marcha estuvo muy marcado por los sectores populares del conurbano un rasgo histórico característico del peronismo. A su vez, hubo una cantidad muy significativa de jóvenes y de clase media urbana que asistió, demostrando la falsedad del discurso mediático de que esta es antikirchnerista por definición. Este sector es el que hoy por hoy se encuentra en disputa socialmente y tiende a ser muy heterogéneo política y culturalmente. 
Con respecto al discurso de Cristina, se evidenció una clara línea de confrontación con el poder judicial corporativo, al que le exigió una fuerte democratización, que respete la voluntad popular y que sea independiente no solo del poder político sino también del poder económico. La centralidad de este planteo es fundamental para la profundización de todo proyecto político democrático y popular. El poder judicial actúa como un contrapeso conservador trabando las iniciativas los otros poderes del Estado que afectan a los grupos de poder. Dados sus privilegios, este sector es permeable a los intereses particulares de los diferentes sectores del poder económico de nuestro país, arraigados en una red de favores en las que se benefician mutuamente. Es parte necesaria de este proyecto político acabar con los privilegios de sectores que, amparados en su supuesta imparcialidad y autonomía, utilizan ese espacio como lugar de beneficio personal y de los grupos de poder, a los que les garantizan sus negociados.
La presidenta Cristina sigue siendo la única con capacidad de sintetizar un cúmulo de actores sociales y políticos bajo un único proyecto político. Es esta hegemonía política generada en esta etapa histórica la que garantiza una relación de fuerzas favorable viabilizar las políticas de inclusión social, el avance en la ampliación de derechos y la movilidad social ascendente. Esta alianza social y política hegemonizada por el bloque nacional y popular es la que dinamiza la  tarea histórica de reconstruir la sociedad y el Estado luego del profundo retroceso que significaron las reformas neoliberales y el modelo excluyente.
Frente a la disgregación opositora, el retroceso de las corporaciones y el fracaso de las estrategias desestabilizadoras, el Proyecto Nacional y Popular se vuelve a mostrar vigoroso y con un liderazgo claro y contundente, que como bien dijo en su discurso ella solo aflojara si nosotros aflojamos.
Buenos Aires, 17/12/2012